Mediante un acuerdo entre la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Antonia Rodríguez Medrano y el presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), Juan Peñaranda, a partir del mes de mayo, Mónica Larico forma parte del personal estable del ministerio, cumpliendo satisfactoriamente todos los requisitos necesarios para su cargo, a pesar de ser no vidente.
De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural cumple con el Decreto Supremo 29608, el cual establece que todas las instituciones públicas deben contar con un mínimo del 4% de personas discapacitadas dentro de su personal.
Sin embargo, Mónica no siempre tuvo esta deficiencia. Al salir del colegio, el año 2000, aún veía perfectamente. Unos meses después, cuando comenzó a estudiar enfermería en la Universidad Pública de El Alto, comenzó a sentir dolores de cabeza, acompañados de nauseas y mareos. También le dolían los ojos regularmente. Mónica pensó que la causa era renegar y no le dio mucha importancia.
Con el tiempo los dolores de cabeza se hicieron cada vez más frecuentes. El problema se hizo tan intenso que dejó la universidad después de cursar el segundo semestre. En diciembre del 2002 la situación empeoró: Su vista se nubló.
Buscó ayuda profesional en el Hospital de Clínicas. Después de numerosos análisis y pruebas de laboratorio, fue internada en el área de neurología. El diagnóstico final fue tuberculosis cerebral; una enfermedad poco frecuente en la que la tuberculosis pulmonar migra por los vasos sanguíneos hacia el cerebro.
Los problemas continuaron los siguientes ocho meses. Por este período de tiempo Mónica siguió el tratamiento al pie de la letra, pero sus posibilidades de recuperar la visión se fueron opacando. La enfermedad había dañado los nervios ópticos dejándola sin posibilidades de volver a ver.
Mónica se encerraba en su casa. No quería encontrarse con nadie, ni quería recibir las visitas de sus amigos y familiares. A pesar de los cuidados de su mamá, se sentía mal consigo misma y recordaba la época en la que asistía a la universidad.
Continuó así hasta el 2006. En marzo de ese año, Mónica decidió inscribirse en el Instituto Boliviano de la Ceguera donde aprendió a desempeñarse en actividades diarias, como cocinar, coser, planchar, caminar y orientarse. También aprendió a leer en braile. El 2009 recibió su certificado de rehabilitación lista para volver a trabajar.
Ahora, Mónica tiene un item en el Ministerio de Desarrollo Productivo con el cargo de asistente en la Central Telefónica, donde cumple las funciones de recibir y derivar llamadas, además de brindar información institucional a públicos externos.
“Me siento muy feliz” explica Mónica. “Hace mucho que no trabajo. Buscar trabajo para una persona no vidente es difícil. Muchos están en las calles, vendiendo dulces. Voy a poner todo de mi parte”, expresa con entusiasmo Mónica.
Disposiciones relevantes del D.S. 29608 y la Ley 1678 para Personas con Discapacidad.
De acuerdo con la normativa legal vigente, todas las instituciones públicas tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad en un promedio de 4% del total de su personal.
Las personas con discapacidad además cuentan con inamobilidad laboral, preferencia en la contratación de personal y en las compras estatales, y a su rehabilitación en centros especializados. También tiene el derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegidos de explotación laboral.
De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural cumple con el Decreto Supremo 29608, el cual establece que todas las instituciones públicas deben contar con un mínimo del 4% de personas discapacitadas dentro de su personal.
Sin embargo, Mónica no siempre tuvo esta deficiencia. Al salir del colegio, el año 2000, aún veía perfectamente. Unos meses después, cuando comenzó a estudiar enfermería en la Universidad Pública de El Alto, comenzó a sentir dolores de cabeza, acompañados de nauseas y mareos. También le dolían los ojos regularmente. Mónica pensó que la causa era renegar y no le dio mucha importancia.
Con el tiempo los dolores de cabeza se hicieron cada vez más frecuentes. El problema se hizo tan intenso que dejó la universidad después de cursar el segundo semestre. En diciembre del 2002 la situación empeoró: Su vista se nubló.
Buscó ayuda profesional en el Hospital de Clínicas. Después de numerosos análisis y pruebas de laboratorio, fue internada en el área de neurología. El diagnóstico final fue tuberculosis cerebral; una enfermedad poco frecuente en la que la tuberculosis pulmonar migra por los vasos sanguíneos hacia el cerebro.
Los problemas continuaron los siguientes ocho meses. Por este período de tiempo Mónica siguió el tratamiento al pie de la letra, pero sus posibilidades de recuperar la visión se fueron opacando. La enfermedad había dañado los nervios ópticos dejándola sin posibilidades de volver a ver.
Mónica se encerraba en su casa. No quería encontrarse con nadie, ni quería recibir las visitas de sus amigos y familiares. A pesar de los cuidados de su mamá, se sentía mal consigo misma y recordaba la época en la que asistía a la universidad.
Continuó así hasta el 2006. En marzo de ese año, Mónica decidió inscribirse en el Instituto Boliviano de la Ceguera donde aprendió a desempeñarse en actividades diarias, como cocinar, coser, planchar, caminar y orientarse. También aprendió a leer en braile. El 2009 recibió su certificado de rehabilitación lista para volver a trabajar.
Ahora, Mónica tiene un item en el Ministerio de Desarrollo Productivo con el cargo de asistente en la Central Telefónica, donde cumple las funciones de recibir y derivar llamadas, además de brindar información institucional a públicos externos.
“Me siento muy feliz” explica Mónica. “Hace mucho que no trabajo. Buscar trabajo para una persona no vidente es difícil. Muchos están en las calles, vendiendo dulces. Voy a poner todo de mi parte”, expresa con entusiasmo Mónica.
Disposiciones relevantes del D.S. 29608 y la Ley 1678 para Personas con Discapacidad.
De acuerdo con la normativa legal vigente, todas las instituciones públicas tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad en un promedio de 4% del total de su personal.
Las personas con discapacidad además cuentan con inamobilidad laboral, preferencia en la contratación de personal y en las compras estatales, y a su rehabilitación en centros especializados. También tiene el derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegidos de explotación laboral.
